El Gobierno Municipal exige a la Comunidad de Madrid que dé respuesta humana y material a las personas dependientes
El Gobierno Municipal ha pedido a la Comunidad de Madrid que incremente la cuantía destinada en el proyecto de las personas dependientes de Getafe, así como a las de la Comunidad de Madrid, donde más de 300.000 personas están en lista de espera, una situación para este Gobierno “extremadamente grave ya que se les está condenando al olvido, la precariedad y la muerte”. Además, como ha explicado la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández “a partir del mes de julio será el Ayuntamiento de Getafe quien se tenga que hacer cargo de los gastos de Teleasistencia de las personas no dependientes, lo que se junta con los trámites para contratar los servicios del programa de Respiro Familiar que también asumimos económicamente”.
Así se insta a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid a que determine cuáles de estos casos realmente configuran la lista de espera, por causa imputable a la Administración. Se pide así conocer el grado de cobertura del sistema de atención. Asimismo se pide que se valore la realidad económica que se produce alrededor de la gestión económica del mismo y que se elabore un informe con perspectiva de género, centrado en la atención de los cuidados en el entorno familiar.
El Ayuntamiento de Getafe exige conocer en el plazo máximo de 2 meses, qué debe hacer respecto a las personas ya valoradas como dependientes que debiendo ser atendidas por la Comunidad de Madrid, no lo están siendo, y que en un porcentaje importante han sobrepasado los 6 meses de atención que recoge la ordenanza municipal, denunciando que las personas en lista de espera municipal no están recibiendo recurso. Por último insta al IMSERSO a concluir el proceso de depuración de la información de estos expedientes con cada una de las Comunidades Autónomas.
El Gobierno Municipal de Getafe denuncia que según los datos de diciembre de 2007, había 178.892 solicitudes y en diciembre de 2016 ascendieron a 1.622.203. La distribución por tramos de edad y sexo de las personas solicitantes refleja que del total, 1.049.183 son mujeres, frente a 573.020 hombres. Atendiendo a los dictámenes, en diciembre de 2007 había 74.607 solicitudes y en diciembre de 2016 había 1.518.965.
Se evidencia una importante desigualdad de la aplicación de la Ley por parte de las Comunidades Autónomas, por lo que Getafe pide coherencia y la implantación de una norma homogénea en todo el Estado “es imprescindible atender primero a la ciudadanía que, teniendo reconocida su situación de dependencia, se encuentra pendiente de atención. La Ley establece la atención prioritaria a las personas de mayor grado de dependencia, y de forma progresiva a los de menor grado. La situación real demuestra que coexisten a la vez en este sistema, personas con mayor grado mayor de dependencia, pendientes de ser atendidas, con otras de menor grado, que se estaban incorporando al Sistema”.
Además se denuncia que el Gobierno no ha priorizado la atención a través de la Red de Financiación Pública de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, generadora de empleo y actividad económica, primándose, por el contrario, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, contraviniendo el espíritu y letra de la Ley, que lo consideraba una excepción.