Getafe denunciará a la Comunidad de Madrid por Corrugados si no incluye las alegaciones municipales

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El Gobierno regional ha abierto un proceso de revisión de la Autorización Ambiental Integrada tras ocho años de peticiones por parte de vecinos y Ayuntamiento

Las molestias de Corrugados continúan siendo un perjuicio para los vecinos de Getafe, especialmente en Juan de la Cierva y Los Molinos, así como para el medioambiente. La empresa incumple sus obligaciones al amparo de la Comunidad de Madrid y la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que le concede, y debería vigilar, la consejería de Medio Ambiente.

Ahora, tras ocho años de peticiones por parte de vecinos, asociaciones y del propio Ayuntamiento de Getafe, por fin, el Gobierno regional ha abierto un proceso de revisión de la AAI, que regula los parámetros de emisiones, olores y ruidos que afectan tanto a zonas industriales como residenciales.

Para ello, el Ayuntamiento ha convocado a asociaciones ecologistas y a la Plataforma de Vecinos Afectados por Corrugados a un encuentro esta misma semana, para hacer frente común ante la nueva oportunidad que se abre con esta revisión, para que se acabe de una vez con las molestias.

El consistorio local ya trabaja en este sentido para presentar todas las alegaciones necesarias, de forma que se proteja el descanso, el bienestar y la salud de todos los vecinos, tanto en Juan de la Cierva como en Los Molinos. La Comunidad de Madrid deberá pronunciarse en materia de ruido, emisiones y olores.

Además, el Ayuntamiento ya viene avanzando la presentación de una denuncia en los tribunales al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, por su falta de control ante los incumplimientos de la empresa, que se llevará a cabo en caso de que la revisión no incluya las alegaciones municipales o continúe la situación de desamparo.

Los tribunales ya han dado la razón al Ayuntamiento de Getafe en el pasado, señalando por ejemplo que el consistorio local no es competente para sancionar a la empresa por las emisiones de ruido en zona residencial, y que tanto el control como las sanciones deberían ser instruidos por la Comunidad de Madrid.

 

 

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