Tras la denuncia por parte de LYMA a estos cargos directivos del anterior Gobierno, así como al exalcalde Juan Soler y su concejal de Limpieza, Jesús Burranchón, por conocedores y consentidores, y en su condición de presidente de la Junta General y consejero delegado respectivamente, el Tribunal de Cuentas investigará los hechos.

Se han solicitado los Acuerdos del Consejo de Administración que se hubieran adoptado para autorizar dicho incremento en la nómina del 35% de disponibilidad, para la delegación de competencias que justificaran ordenan el referido plus de disponibilidad, así como aquellos otros acuerdos que fundamenten o permitan la atribución de los pluses.

El Tribunal de Cuentas también ha solicitado los contratos del exgerente, Federico Zarza Núñez, de la exdirectora de Recursos Humanos, Juncal Vázquez Eceizabarrena y de la exdirectora de Comunicación y Atención Ciudadana, Mónica Labrador Casillas, que fueron quienes se autoimpusieron dichos pluses, de la misma forma que toda aquella documentación que se considere relevante para la investigación.

El antiguo gerente se autoimpuso un plus de disponibilidad de 1.466 euros mensuales y ambas directoras de 1.166 euros al mes, además del sueldo. Los tres antiguos empleados de LYMA exigieron también a la empresa que estos pluses de disponibilidad se les abonasen con carácter retroactivo, desde el inicio de sus contratos. En mayo de 2012, la propia exdirectora de Recursos Humanos, Juncal Vázquez, elaboró un documento en el que informaba sobre los supuestos apuros económicos de la empresa pública LYMA, lo que suponía bajo su criterio la aplicación de una reducción de costes. Para ello propuso la supresión del plus de disponibilidad de los 49 trabajadores que lo venían percibiendo por la necesidad de sus funciones.

La alcaldesa, Sara Hernández, informó que los costes de la empresa se sobredimensionaron en más de un millón de euros en la pasada legislatura solo en personal directivo, que en algunos departamentos era incluso más numeroso que los propios trabajadores que realizaban las labores de limpieza

Dos sentencias en contra de la gestión

Tras la llegada del actual Gobierno Municipal se procedió a la necesaria reorganización de la empresa, por el citado sobredimensionamiento de personal en cargos directivos y los problemas presupuestarios que generaba, una acción que se ha resuelto ya como acertada por dos sentencias judiciales como consecuencia de estos despidos.

En una de las sentencias se asegura que “la decisión de la empresa de reorganización / reestructuración de las Direcciones que integraban LYMA, ajustar la plantilla a las necesidades reales de los servicios prestados para racionalizar el gasto se presenta como una acción acertada”.

En otra de las sentencias, también se determina que “no se ha acreditado vulneración de derechos fundamentales por discriminación ideológica” puesto que la extinción de estos contratos “viene motivada por el sobredimensionamiento de la plantilla que provocaba un aumento considerable del gasto de personal en relación con la actividad desarrollada por la empresa, tanto desde el punto de vista económico como organizativo”.

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El propio exgerente, Federico Zarza Núñez, así como la exdirectora de Recursos Humanos, Juncal Vázquez Eceizabarrena y la exdirectora de Comunicación y Atención Ciudadana, Mónica Labrador Casillas, incrementaron en un 35% lo que se les abonaba por su salario base, días antes de la entrada de la nueva Corporación Municipal en junio de 2015. El antiguo gerente se autoimpuso un plus de disponibilidad de 1.466 euros mensuales y ambas directoras de 1.166 euros al mes además del sueldo.

Los tres antiguos empleados de LYMA exigieron también a la empresa que estos pluses de disponibilidad se les abonasen con carácter retroactivo, teniendo en cuenta la totalidad de la relación laboral. Ha sido además la primera vez que en la empresa pública LYMA la gerencia o los puestos de dirección se han autoimpuesto aumentos de sueldos por el concepto de disponibilidad.

En mayo de 2012, la propia exdirectora de Recursos Humanos, Juncal Vázquez, elaboró un documento en el que informaba sobre los supuestos apuros económicos de la empresa pública LYMA, lo que suponía bajo su criterio la aplicación de una reducción de costes. Para ello propuso la supresión del plus de disponibilidad de los 49 trabajadores que lo venían percibiendo por la necesidad de sus funciones, lo que supone una incoherencia.

Sin embargo como ya informó la propia alcaldesa, Sara Hernández, los costes de la empresa se sobredimensionaron en más de un millón de euros en la pasada legislatura solo en personal directivo, que en algunos departamentos era incluso más numeroso que los propios trabajadores que realizaban las labores de limpieza.

Para Hernández, “la gestión en Getafe de Juan Soler, el senador, diputado regional y concejal que actualmente cobra 101.000 euros de sueldos públicos, así como el cerco judicial que se está cerrando sobre el exalcalde con los casos de la Púnica, el teatro de la calle Madrid o el supuesto uso de la empresa pública GISA para mejorar su reputación personal en Internet, demuestran que su único interés en la ciudad siempre ha sido personal y no el de mejorar la vida de los vecinos y vecinas”.

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