En un nuevo ejercicio de transparencia y de buena gestión, el actual Gobierno Municipal ha querido que la justicia investigue una serie de posibles irregularidades detectadas durante la gestión del concejal del PP, Fernando Lázaro, como consejero Delegado de GISA y Juan Soler como alcalde.

Durante la pasada legislatura, GISA, con la gerencia de Marisa Gil, se contrató e inició el procedimiento de despido del abogado Alberto Ganga, en una serie de circunstancias que se podrían considerar irregulares y que han motivado esta denuncia. Ante estos hechos, el actual Gobierno Municipal, ha querido que la justicia investigue los posibles nexos de conexión entre todos los actores participantes en esta decisión, que se fraguó en la pasada legislatura.

Además la querella también pretende que se investigue a la concejala no adscrita, Mónica Cerdá, quien presuntamente habría tomado la decisión como consejera Delegada, de aprobar una indemnización por este despido.

El actual Gobierno Municipal de Getafe, y la dirección de GISA, preocupados por los múltiples procesos judiciales abiertos por la gestión política de la pasada legislatura en el que también se relaciona a la empresa municipal GISA, ha tomado la iniciativa para que se investiguen estos hechos y se asuman las responsabilidades judiciales pertinentes.

Durante los dos últimos años de Gobierno, GISA ha recuperado nuevamente la naturaleza para la que fue creada así como su prestigio en el fomento del comercio de proximidad, el emprendimiento y el desarrollo industrial de la ciudad. Precisamente por ello, para salvaguardar el buen hacer de las empresas públicas de Getafe, así como del empleo público de calidad, el actual Gobierno Municipal apuesta una vez más por la transparencia.

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El Gobierno Municipal denuncia públicamente la persecución a la que el PP pretende someter a las personas que profesan la religión musulmana en Getafe, aludiendo a la necesidad de crear un plan específico de integración por el simple hecho de ser musulmanes y creando un alarmismo innecesario. El Gobierno Municipal se opone a este tipo de afirmaciones y recuerda la normalidad con la que varias generaciones de personas musulmanas han convivido en Getafe, formando parte de manera activa del municipio.

En Getafe además existen asociaciones musulmanas, que desarrollan diferentes actividades de todo ámbito y que se unieron recientemente al minuto de silencio en repulsa por los atentados de París, que se celebró el pasado día 15 de noviembre frente al Ayuntamiento.

Desde el Gobierno Municipal se le exige al PP que retire esta proposición y forme parte de los diferentes procesos participativos, a los que rehúsa acudir, para que conozca de primera mano las auténticas necesidades de Getafe, que no pasan en ningún caso por actitudes racistas ni xenófobas.

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Esta proposición ha sido firmada por los representantes de las cuatro formaciones políticas esta mañana, tras la reunión celebrada para tratar la situación de esta promoción de Gestesa, que está atravesando dificultades que están retrasando e incluso poniendo en peligro la entrega de 158 viviendas de Protección Pública de Precio Limitado.

Desde que el Gobierno municipal tuvo constancia de esta situación, el pasado mes de diciembre, el Ayuntamiento ha mediado en este conflicto y ha mantenido reuniones con las distintas partes.

“El Ayuntamiento en pleno está al lado de estas familias ajenas a las gestiones realizadas por Gestesa u Obras Coman en todo este proceso, con el objetivo de que cumplan con su obligación de entregar las viviendas”, ha señalado Paz Álvarez, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Getafe.

En la proposición conjunta se exige a Gestesa que realice las gestiones necesarias para entregar las viviendas a sus propietarios con la mayor brevedad posible, ya que estos han abonado sus cuotas en los períodos establecidos y que debe en todo caso cumplir con la obligación de la entrega de las viviendas.

Asimismo, se requiere a BANKIA y SAREB que realicen las gestiones oportunas para agilizar la tramitación de las subrogaciones y respetar las condiciones pactadas en los préstamos.

Mediaciones con éxito

Esta actuación de arbitraje se une a las ya realizas por el Ayuntamiento en los últimos meses y que culminaron con éxito. En julio de 2012 el Consistorio medió para que se reiniciasen las obras de 85 viviendas de la parcela A1 de Los Molinos que se encontraban paralizadas, y en noviembre del mismo año logró levantar el embargo de 152 viviendas bloqueadas en el barrio de Buenavista.

Además, desde enero, está abierta una Oficina para los afectados de PSG y otras cooperativas, en la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda, con el fin de atender y asesorar jurídicamente a los afectados y mediar entre las administraciones. Se trata de una promesa electoral del alcalde Juan Soler para apoyar a los 2000 afectados por la supuesta estafa y ofrecer asesoramiento en otros casos de conflictos con cooperativas o promotoras.

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