En este marco se demanda al gobierno Hondureño que pare de inmediato la represión contra las legítimas manifestaciones de los ciudadanos y que se respete su derecho humano a la protesta. Que restaure las garantías constitucionales y cese el toque de queda. Exige una investigación independiente internacional dentro del Tribunal Superior Electoral. El Gobierno de Getafe insiste por último en que “se suspenda temporalmente toda la ayuda financiera al Gobierno de Honduras hasta que dichas manipulaciones electorales se hayan resuelto y hayan cesado las acciones represivas contra la ciudadanía”.

El domingo 26 de noviembre de 2017 el pueblo Hondureño participó en unos comicios electorales, acompañado por una numerosa presencia de observadores nacionales e internacionales, siendo una de ellas la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que advierte falta de transparencia y de responsabilidad, ya que el Tribunal Supremo Electoral no mantenía una comunicación abierta con los partidos políticos y ciudadanos.

Los ciudadanos y organizaciones que seguían de cerca el proceso político hondureño durante la última década, están profundamente preocupados por el papel de debilitar que probablemente está jugando el Tribunal Supremo Electoral, ya que aumenta la inseguridad y la polarización dentro de la población hondureña y profundiza la crisis política en el país.

Los niveles de inseguridad y violencia en Honduras siguen siendo altos. La impunidad generalizada continúa debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. Las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de América para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gobierno anunció la creación de un ministerio de derechos humanos y justicia, que debía estar operativo en 2018.

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Este compromiso también incluye la revisión y modificación de políticas, planes y normas a nivel urbano para favorecer la creación de sistemas alimentarios, justos, y sostenibles. Todas estas condiciones serán el marco de acción y punto de partida para organizar un sistema alimentario urbano y compartir los avances entre las ciudades participantes, los gobiernos nacionales de pertinencia y, en su caso, las organizaciones internacionales.

En la proposición plenaria del Gobierno Municipal se señala también que el proceso de urbanización acelerado tiene un fuerte impacto sobre el planeta desde el punto de vista económico, social y ambiental. Esta circunstancia obligaría a reconsiderar las formas de abastecimiento de los productos alimenticios y del agua en las ciudades así como de otros bienes y servicios esenciales. En este capítulo se incide que “es fundamental el apoyo y consideración que merecen las empresas agrícolas familiares y los pequeños productores de alimentos (en particular las mujeres productoras en diferentes países) que juegan un papel fundamental en el abastecimiento de alimentos en las ciudades”

Esta iniciativa se enmarca en el Pacto de Política Alimentaria de Milán un acuerdo para generar una plataforma activa de ciudades a nivel internacional que compartan buenas prácticas y asesoramiento en proyectos alimentarios. Tal y como explica la proposición presentada por el gobierno de Getafe “es reconocido que las ciudades, donde reside la mitad de la población mundial, juegan un papel estratégico para el desarrollo de los sistemas alimentarios sostenibles y la promoción de dietas saludables, y que, a pesar de ser diferentes entre sí, todas las ciudades constituyen un centro de innovación económica, política y cultural y gestionan grandes recursos públicos, infraestructuras, inversiones y competencias”

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