El concejal de Cultura, Luis Domínguez, ha destacado que “estos Premios que nacieron en plena pandemia son un claro ejemplo del talento creativo y artístico del que disfrutamos en Getafe en diferentes modalidades. Sentimos mucho orgullo de nuestros artistas y de su trabajo y esta es una buena forma de reconocerlo”. En este sentido el Gobierno Municipal ha incrementado para esta segunda edición los premios, llegando a los 145.500 euros, 10.500 más que en 2020 cuando se crearon.

Getafe celebró el pasado 17 de diciembre de 2020, la Gala de la Cultura, en la que se hicieron entrega de 25 reconocimientos de la primera edición de estos Premios de Cultura. En aquella convocatoria se otorgaron 20 premios a entidades y 5 más a artistas individuales por su contribución trascendente en diversos ámbitos de la cultura local.

Se premiarán los siguientes ámbitos: Artes Escénicas (Danza y Teatro); Arte Musical (Corales y Formaciones Musicales); Artes Plásticas (Pintura y Escultura), Artes Visuales (Cine, Nuevos Medios y Fotografía); Artes Literarias (Creación literaria, Desarrollo Editorial y  Fomento de la lectura); y  Promoción del Patrimonio histórico y cultural y preservación de las tradiciones culturales. Y además se establecen tres premios de categoría especial: Premio a la innovación cultural, Premio al talento joven y  Premio Mujer en la cultura.

El jurado valorará todas las memorias presentadas y seleccionará a los ganadores de los premios en base a los criterios de volumen de actividad desarrollada; calidad artística y cultural de las acciones llevadas a cabo, e incidencia de la actividad en la población del municipio. Pueden encontrar más información en las bases, que se colgarán en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Getafe sede.getafe.es y en la web de Cultura cultura.getafe.es

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Desde el Gobierno Municipal se incide en la importancia de anteponer el interés de los vecinos de Getafe ante cualquier otro, para lo que la medida de revertir el superávit significaría un gran impulso tanto en materia de inversiones en el municipio, desarrollo y el fortalecimiento del estado de bienestar.

En palabras de la alcaldesa, Sara Hernández “somos la administración más cercana a los ciudadanos, y más en estos momentos de crisis, el Gobierno no debe poner trabas a nuestra labor en la prestación de servicios públicos de calidad, pero se da la paradoja de que a pesar de que los ayuntamientos son la única administración en superávit, están saneados y cumplen sus objetivos, no pueden invertir ese ahorro”.

La administración local se ha convertido en la administración más cumplidora con los objetivos marcados, de manera que la deuda local ya ha llegado este año a los objetivos del 3% fijados para 2020, con cuatro años de adelanto; el superávit de las entidades locales, aporta al cómputo total de España medio punto del PIB, también cumple con el techo de gasto y paga en plazo a sus proveedores.

Por ello, se pide que el Gobierno atienda las demandas del conjunto de los ayuntamientos, y tal y como ha planteado la Federación española de Municipios y Provincias, les permita utilizar el superávit, que este año ronda los 4.500 millones de euros.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto. Su artículo 11.4 señala que “las corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario” mientras que el artículo 32, referido al destino del superávit, señala que “éste se destinará reducir el nivel de endeudamiento”. La ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para permitir a los Ayuntamientos que cumpliesen los requisitos marcados, destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, una definición de inversiones que recogió el Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero en su DA 16.

Estas excepciones en ningún caso dieron satisfacción a las demandas municipales puesto que las condiciones para poder acogerse a la medida eran importantes: haber registrado superávit presupuestario y remanente de tesorería, que hubiesen pagado antes las deudas pendientes con proveedores para cumplir con la ley de morosidad y destinar el sobrante a amortizar deuda.

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La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha denunciado que “en el Apeadero Urbano trabajan 10 personas, por las que vamos a seguir luchando, dentro de la apuesta por el empleo y la autonomía local”. Este Apeadero fue constituido específicamente para ocupar a trabajadores y trabajadoras con discapacidad funcional, una iniciativa que además de permitir una remuneración digna a quienes se encuentran en una situación particularmente desfavorecida por su discapacidad, permite a su vez formar a dichos trabajadores y trabajadoras dándoles la oportunidad de integrarse en el mundo laboral.

El Gobierno Municipal exige al Gobierno de España en funciones, que paralice la orden de disolución de las entidades dependientes de ayuntamientos y diputaciones que prestan servicios públicos esenciales. Esta petición se formula tras la carta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a los Ayuntamientos en la que se les requiere dicha disolución apelando a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

En la proposición que se debatirá en el Pleno, se recuerda que esta decisión supone por sí mismo un nuevo ataque del ministro en funciones, Cristóbal Montoro, a la autonomía local; pero además, de ejecutarse, supondría que los ciudadanos y ciudadanas de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales afectadas verían como dejan de prestarse servicios públicos.

Además el Gobierno Municipal recuerda que la exigencia proviene de una norma cuya constitucionalidad está impugnada ante el Tribunal Constitucional por más de tres mil ayuntamientos, por entender que esta norma vulnera el principio de autonomía local recogido en la Constitución.

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