Las viviendas fueron construidas tras un acuerdo entre el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid, para crear un moderno y novedoso sistema de cohabitación para personas mayores en viviendas tuteladas,  de manera que la convivencia y el envejecimiento activo, se realizara de manera comunal, al mismo tiempo que se facilitaba la permanencia en su entorno a la persona mayor. El Ayuntamiento construyó estas viviendas a través de la EMSV, y las entregó al IVIMA, de la Comunidad de Madrid, para tal fin, para el que nunca se llegó a usar.

Como explica el concejal de Mayores, Herminio Vico, “el exalcalde Juan Soler decidió unilateralmente dejar sin este recurso a las personas mayores  y destinar las viviendas a otro fin. Desoyó la demanda para contar con espacios residenciales donde poder vivir un envejecimiento digno y activo, ante la escasez, por un lado, de residencias públicas en la ciudad, y por otro lado de la escasa alternativa a las mismas que desde las instituciones públicas se les ofrecía”.

El Gobierno Municipal, junto al Consejo Sectorial de las Personas Mayores, pide revertir estas viviendas, que no se adaptan a las necesidades de las familias en situación de vulnerabilidad que ahora viven allí, toda vez que estaban pensadas para personas mayores, viviendas que en el mejor de los casos contaban con dos habitaciones, dado que, en el proyecto inicial, se contaba con que en cada vivienda habría un mayor, o en su defecto, una pareja de personas mayores. Igualmente, este proyecto estaba basado en la existencia de espacios y servicios comunes para las personas mayores que son no útiles ni garantizan la necesaria intimidad a las familias que actualmente allí residen.

La pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto, la necesidad de ofrecer mejores servicios de atención a las personas mayores y cuestiona el modelo de centros residenciales de la Comunidad de Madrid. En nuestra región han fallecido más de 6.000 mayores en residencias como consecuencia de esta pandemia.

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El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde hoy hasta el 7 de noviembre. La adjudicación de las plazas se realizará en dos fases, la primera, para residentes del 1 al 24 de octubre; y la segunda abierta, del 27 de octubre hasta el 7 de noviembre.

Se trata de 147 plazas, de las cuales dos son adaptadas para minusválidos. El precio del alquiler es de 50 euros, IVA incluido.

Las solicitudes se podrán presentar en las oficinas de la EMSV, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y los miércoles de 17:00 a 18:30 horas; en la plaza Obispo Felipe Scio Riaza nº2, 1ª planta, oficina 2.

Las condiciones para la adjudicación están a disposición de los interesados en la EMSV y en la página web www.emsvgetafe.org

Esta se oferta de plazas de parking en alquiler se enmarca en el compromiso del Gobierno de Juan Soler por mejorar la movilidad en el municipio y el aparcamiento. En lo que va de legislatura el Gobierno municipal ha creado 1.085 nuevas plazas de aparcamiento gratuitas en todo el municipio.

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La adjudicación de estas 45 viviendas se ha realizado en base a la `Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas municipales para emergencia social del Ayuntamiento de Getafe´.

La ordenanza contempla que el alojamiento de las familias en estas viviendas tendrá un carácter temporal que permita su rotación.

De forma general, la puesta a disposición de las viviendas conllevará un canon mensual de como máximo un 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la Comunidad de vecinos. No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.

De las 45 viviendas, 4 serán gratuitas, 15 tendrán un canon que no supera los 81 euros, y el resto varía según las valoraciones realizadas, que en todo caso no superan los 30% de los ingresos de la unidad familiar.

La duración del alojamiento es de un año a partir de la formalización del documento administrativo a suscribir. La estancia se podrá prorrogar por períodos iguales, hasta un máximo de cuatro años, a propuesta de los Servicios Sociales municipales justificando la necesidad.

Con este paso culmina el trabajo realizado por el Gobierno de Juan Soler para poner a disposición de familias en situación de desahucio y emergencia social estas viviendas. Soler consiguió desbloquear estas viviendas, paralizadas durante 11 años por el anterior Gobierno socialista. Desde la llegada al Gobierno se han mantenido reuniones con el IVIMA para solucionar la situación y dar uso a las viviendas en respuesta a la situación de crisis actual y a las necesidades de los vecinos.

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La adjudicación se realizará en base a la `Ordenanza Reguladora del Procedimiento de Adjudicación de Viviendas municipales para emergencia social del Ayuntamiento de Getafe´. La Delegación de Servicios Sociales comunicará a los vecinos seleccionados, en base a los baremos de la Ordenanza, la documentación necesaria que deben aportar para formalizar la adjudicación. Las familias adjudicatarias podrán entregar los documentos solicitados en un plazo de diez días desde la notificación.

El alojamiento de las familias en estas viviendas tendrá un carácter temporal que permita su rotación. De forma general, la puesta a disposición de las viviendas conllevará un canon mensual del 30% de los ingresos mensuales familiares, incluyéndose en dicha cuantía los gastos de la Comunidad de vecinos. No obstante, los Servicios Sociales municipales podrán fijar un canon inferior a dicho porcentaje, incluso la gratuidad de la vivienda, cuando las circunstancias socioeconómicas no permitan hacer frente a dicho pago sin menoscabo de las necesidades básicas de la familia.

El Gobierno de Juan Soler continúa siendo pionero en la región en la apuesta por las políticas sociales y en el apoyo a las personas que más lo necesitan. En este caso, es el primer municipio que pone a disposición de familias en situación de desahucio y emergencia social un edificio de 45 viviendas. Juan Soler desbloqueó estas viviendas que habían estado paralizadas durante once años por el anterior Gobierno socialista. Desde la llegada al Gobierno, Soler mantuvo reuniones con el IVIMA para solucionar la situación y dar un uso a las viviendas en respuesta a la situación de crisis actual y a las necesidades de los vecinos. El objetivo es dar respuesta a aquellas familias del municipio que atraviesan situaciones de emergencia como desahucios y que carecen de alojamiento y de medios para disponer de viviendas propias.

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