Se trata de un órgano que se integra en la propia administración pública, actuando con total independencia funcional y separación de los órganos de la administración encargados de la aplicación de los tributos e imposición de sanciones tributarias, lo que garantiza la imparcialidad de sus decisiones y la garantía de los contribuyentes a una resolución más ajustada a derecho.

De esta manera se abarata y agiliza la defensa de los derechos de los ciudadanos, reduciendo la conflictividad en la vía contencioso-administrativa, hecho que además debería permitir aliviar la carga de trabajo de los juzgados y tribunales del Poder Judicial.

La vía económico-administrativa presenta ciertas ventajas para el ciudadano frente a otras vías de impugnación: la decisión corresponde a un órgano desvinculado de quien dictó el acto que se revisa, lo que le otorga mayor grado de objetividad frente al recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dictó. En ciertos casos, por razón de la cuantía, resuelve un órgano colegiado, lo que le otorga mayor probabilidad de acierto. Los miembros del Tribunal han de ser necesariamente reconocidos expertos en la materia tributaria. Es un procedimiento gratuito para el ciudadano, aunque pueda ser objeto de costas cuando se aprecie temeridad o mala fe, y que no requiere asistencia jurídica, aunque nada impide que voluntariamente el ciudadano se acompañe o asesore por un abogado.

Así pues, en el ámbito local, conflictos como el mantenido con los operadores de telefonía móvil por la aplicación de la tasa por utilización del dominio público local, o la aplicación del Acuerdo Económico con la Santa Sede como exención del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, habría permitido el planteamiento directo de la cuestión prejudicial por el Tribunal económico administrativo municipal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y evitar, de este modo, la excesiva judicialización.La reforma llevada a cabo en la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, de medidas para la modernización del gobierno local, y la inclusión de Getafe dentro del régimen de organización de municipios de gran población supuso, entre otras cosas, la necesidad de crear un órgano especializado para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas, tal y como disponía el artículo 137 de la norma legal citada, cuya composición, competencias, organización y funcionamiento, así como el procedimiento de las reclamaciones se regulará por un Reglamento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, que tendrá carácter de orgánico conforme dispone el artículo 123 de la Ley 7/1985.

Con la propuesta de esta aprobación, lo somete a información pública, a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOCM, para la presentación de reclamaciones, surtiendo esta aprobación inicial efectos definitivos si no se presentan.

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Como explica el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Herminio Vico “la deuda de Getafe ha descendido a tan solo 42,2 euros por habitante en los últimos dos años y medio gracias a la buena gestión del Gobierno Municipal, con una reducción del 73%. La deuda actual es muy próxima a los siete millones de euros y sin embargo el Gobierno de España sigue limitando las posibles inversiones y mejoras que se pueden realizar en el municipio.

Además, el Gobierno Municipal denuncia que de forma paralela desde el Gobierno de España se sigue constriñendo a los ayuntamientos, limitando también las contrataciones a través de una tasa de reposición que impide que consistorios como el de Getafe puedan mejorar su plantilla y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Getafe pide que se regule esa tasa de manera que alcance el 150% en los servicios de interés prioritario, y el 100% en el resto de servicios municipales.

Por ello, el Gobierno Municipal insta al Gobierno de España a revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas.

Se insta asimismo a suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las entidades locales no incursas en los presupuestos de la ley de Estabilidad.

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Este órgano, manifiesta que la información solicitada por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, fue enviada por LYMA hasta en dos ocasiones con anterioridad a la interposición de la reclamación, además de ser remitida a los consejeros de LYMA en tiempo y forma tal y como se acordó en el Consejo de Administración de LYMA celebrado el pasado 29 de marzo de 2016.

Cuatro sentencias judiciales aprueban la restructuración

Los tribunales judiciales han ratificado hasta en cuatro ocasiones la buena gestión que por parte del Gobierno actual se está llevando a cabo en la empresa municipal LYMA. Tras el aumento excesivo de los puestos directivos en la pasada legislatura, que ya denunció públicamente la alcaldesa, Sara Hernández, la reestructuración de la plantilla ha permitido mejorar el servicio que se ofrece a los vecinos y vecinas en el día a día.

La cuarta sentencia cita expresamente que “no se han acreditado por la parte actora la existencia de indicios de vulneración de derechos fundamentales, por discriminación ideológica, dicha extinción viene motivada por el sobredimensionamiento de la plantilla que provocaba un aumento considerable del gasto de personal en relación con la actividad desarrollada por la empresa”.

Igualmente en este caso concreto se aclara que “queda acreditada la objetividad de la medida, en cuanto la creación de una dirección independiente no ha supuesto una mejora de la gestión evidente, y la desaparición de la Dirección misma, pasando a ser asumidas sus funciones por la Gerencia, no ha conllevado a una disminución en la calidad de la gestión.”

El Tribunal de Cuentas investiga los pluses de disponibilidad

También el pasado mes de julio, el Tribunal de Cuentas solicitó a LYMA documentación sobre la denuncia que la empresa municipal presentó contra el exgerente Federico Zarza, dos directoras, Juncal Vázquez y Mónica Labrador, así como contra el exalcalde, Juan Soler y su concejal de limpieza, Jesús Burranchón.

En este caso se investiga la autoimposición por parte del anterior gerente de un plus de disponibilidad de 1.466 euros mensuales y de 1.166 euros al mes por parte de las directoras, además del sueldo. Los tres antiguos empleados de LYMA exigieron también a la empresa que estos pluses de disponibilidad se les abonasen con carácter retroactivo, desde el inicio de sus contratos.

En mayo de 2012, la propia exdirectora de Recursos Humanos, Juncal Vázquez, elaboró un documento en el que informaba sobre los supuestos apuros económicos de la empresa pública LYMA, lo que suponía bajo su criterio la aplicación de una reducción de costes. Para ello propuso la supresión del plus de disponibilidad de los 49 trabajadores que lo venían percibiendo por la necesidad de sus funciones.

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