Publicado el: 15 Septiembre, 2016

El Gobierno municipal defiende la viabilidad del ‘Apeadero Urbano’ como motor de integración social y laboral de personas con discapacidad

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones ha remitido una carta a los ayuntamientos y diputaciones sobre la posible disolución de entidades públicas

El Gobierno Municipal de Getafe defiende la viabilidad del Centro Especial de Empleo ‘El Apeadero Urbano’, frente a las amenazas del Gobierno de España en funciones, sobre la disolución de algunas empresas y entidades públicas. Este proyecto de integración socio laboral de personas con discapacidad, presta actualmente un servicio de restauración en la cafetería del Centro Cívico de La Alhóndiga.

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha denunciado que “en el Apeadero Urbano trabajan 10 personas, por las que vamos a seguir luchando, dentro de la apuesta por el empleo y la autonomía local”. Este Apeadero fue constituido específicamente para ocupar a trabajadores y trabajadoras con discapacidad funcional, una iniciativa que además de permitir una remuneración digna a quienes se encuentran en una situación particularmente desfavorecida por su discapacidad, permite a su vez formar a dichos trabajadores y trabajadoras dándoles la oportunidad de integrarse en el mundo laboral.

El Gobierno Municipal exige al Gobierno de España en funciones, que paralice la orden de disolución de las entidades dependientes de ayuntamientos y diputaciones que prestan servicios públicos esenciales. Esta petición se formula tras la carta que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha remitido a los Ayuntamientos en la que se les requiere dicha disolución apelando a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

En la proposición que se debatirá en el Pleno, se recuerda que esta decisión supone por sí mismo un nuevo ataque del ministro en funciones, Cristóbal Montoro, a la autonomía local; pero además, de ejecutarse, supondría que los ciudadanos y ciudadanas de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales afectadas verían como dejan de prestarse servicios públicos.

Además el Gobierno Municipal recuerda que la exigencia proviene de una norma cuya constitucionalidad está impugnada ante el Tribunal Constitucional por más de tres mil ayuntamientos, por entender que esta norma vulnera el principio de autonomía local recogido en la Constitución.

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Categorías:  Comercio e Industria, Sanidad

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