Reformas

Fontaneros, electricistas, carpinteros, albañiles… los profesionales que intervienen en las reformas del hogar son variados, pero todos deben cumplir con una serie de reglas encaminadas a proteger los derechos del consumidor. A continuación repasamos las principales claves que hay que tener en cuenta cuando se contrate este tipo de servicios.
Si solicita información , el profesional le deberá entregar una hoja informativa donde se especifiquen los precios aplicables por tiempo de trabajo y gastos de desplazamiento. Igualmente, se incluirán los precios de aquellos servicios ofertados, así como los recargos por trabajos urgentes o fuera de la jornada habitual.
Presupuesto:
El consumidor tiene derecho a un presupuesto previo debidamente cumplimentado. En caso de que renuncie a él, el cliente firmará una orden de trabajo en la que escribirá de puño y letra la siguiente frase: Renuncio al presupuesto previo y autorizo la reparación .
Si no aceptase el presupuesto , le podrán cobrar el importe de elaboración, siempre y cuando antes le hayan informado de la obligación de su pago. Además, podrán cobrarle por los gastos de desplazamiento.
Otros aspectos:
El responsable de una reforma es el autónomo o la empresa con el que se haya contratado y, por lo tanto, es a él a quien se debe reclamar en caso de problemas (aunque la empresa haya contratado, a su vez, a otro personal o empresa para hacer la obra).
Si la persona contratada para realizar la reforma accede a reparar el desperfecto, debería dejarlo en iguales condiciones que en origen.
El tiempo de garantía del servicio prestado es el que le facilite la empresa y el tiempo de garantía de las piezas o materiales utilizados será de dos años si son nuevas y de un año si son usadas.
En las reformas, pueden utilizarse materiales usados con la conformidad del consumidor, es decir, si el cliente firma junto a la siguiente frase: Autorizo el empleo de materiales usados.
Puede reclamar por demora en la finalización de la reforma si la fecha aparece reflejada en el contrato, salvo que el prestador del servicio justifique la demora demostrando documentalmente que el retraso lo motiva un tercero.
 
 
 

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